Fuente: El Economista. Ver artículo original. Autor: Nicolás Lucas-Bartolo. @NLucasB
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsa una reforma a la ley de telecomunicaciones que obligaría a fabricantes de tecnología, desarrolladores de aplicaciones y proveedores de servicios a implementar controles automáticos para proteger a menores del crimen organizado y la pornografía.
La Cámara de Diputados está considerando esta reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que podría complicar el trabajo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), especialmente tras el escándalo de la “ley espía”.
La propuesta del PVEM busca modificar el artículo 191 y el artículo 219 D de la LMTR, imponiendo a los desarrolladores de tecnología la obligación de incluir herramientas de control parental en dispositivos conectados a Internet. Esto implicaría un costo económico que recaería sobre los fabricantes y proveedores de servicios, quienes ya enfrentan el desafío de registrar a los usuarios del nuevo padrón de telefonía móvil.
Además del impacto económico, la iniciativa podría generar tensiones legales y regulatorias, especialmente en el contexto del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), ya que la regulación de plataformas digitales no es bien vista por Estados Unidos.
El marco legal mexicano distingue entre concesionarios de redes y servicios de telecomunicaciones y proveedores de contenidos o aplicaciones. La iniciativa del PVEM podría enfrentar problemas de técnica legislativa y constitucionalidad al intentar imponer obligaciones a plataformas digitales que no son concesionarias bajo la LMTR.
El despacho Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting advierte que la propuesta podría afectar la libertad de expresión y el derecho a la información, al exigir filtros automáticos y eliminación inmediata de contenidos en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.
El diputado Carlos Puente Salas, impulsor de la iniciativa, busca proteger a los menores del crimen, pero podría enfrentar más críticas que apoyos. En Brasil, una legislación similar ha generado incertidumbre en el sector, con empresas solicitando más tiempo para cumplir con la nueva regulación.
En México, la propuesta del PVEM podría abrir espacio para la discrecionalidad regulatoria, al obligar a plataformas digitales a desarrollar sistemas para evitar la difusión de contenidos que afecten el desarrollo integral de las personas, sin criterios claros sobre qué contenidos serían considerados dañinos.
Regulatory Experts sugiere que el camino correcto sería establecer primero el mandato en la LMTR o en una ley especializada, desarrollando los requisitos técnicos a través de una norma oficial mexicana, para asegurar certeza jurídica y compatibilidad técnica.