Fuente: El Economista. Ver artículo original. Autor: Nicolás Lucas-Bartolo. @NLucasB
Norma Solano Rodríguez ha sido designada como la primera comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), marcando así el inicio de una nueva era en la regulación de telecomunicaciones y radiodifusión en México. Esta entidad sustituye al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que dejó de existir oficialmente el 17 de octubre de 2025.
El nombramiento de Solano Rodríguez se hizo público en la mañana del viernes a través de las plataformas oficiales del Gobierno de México, tras la entrega-recepción de funciones entre el IFT y la CRT la noche anterior.
Con la conformación del pleno de cinco comisionados de la CRT, se establece un nuevo marco legal para las industrias de telecomunicaciones y radiodifusión, que generan anualmente alrededor de 35,000 millones de dólares, representando cerca del 4% del PIB de México. Estas industrias también sostienen aproximadamente 300,000 empleos directos y 185 millones de accesos a servicios de video, voz e Internet.
Desde el 17 de octubre de 2025, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) fue derogada, dando paso a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR), que surge de la reforma constitucional de simplificación administrativa de 2024 y reformas sectoriales de 2025.
La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) también comenzó a operar, asumiendo las funciones del IFT en competencia económica para telecomunicaciones, radiodifusión y mercados digitales.
Se ha establecido un periodo de 15 días hábiles para suspender trámites y 5 días para homologaciones, aunque la CRT puede reactivar estos procesos antes de lo previsto. El programa anual de bandas de frecuencias del IFT se mantendrá hasta finales de 2025.
A partir del 17 de octubre, la CRT y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) tienen 180 días para lanzar su primera licitación de radiofrecuencias, lo que marcaría la primera subasta 5G en México.
Además, se dispone de 120 días hábiles para emitir lineamientos sobre la identificación de líneas móviles, un tema controvertido conocido como la “ley espía”.
La LMTR permite desde el 18 de octubre que las radios sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas comercialicen publicidad, aunque se espera que la CRT emita lineamientos para evitar distorsiones de mercado.
El primer pleno de la CRT, compuesto por Ledénika Mackensie Méndez González, María de las Mercedes Olivares Tresgallo, Adán Salazar Garibay, Tania Villa Trápala y Norma Solano Rodríguez, se caracteriza por un enfoque en derecho y técnica, pero carece de un perfil económico, según observadores del sector.
Expertos sugieren que la CRT debería aprovechar el legado del IFT en mejora regulatoria y personal calificado para avanzar en inclusión digital y soberanía digital en México.
Fernando Borjón, excomisionado del IFT, señala que la CRT enfrenta el reto de mantener independencia en sus decisiones, siendo parte del Poder Ejecutivo, mientras el Estado se convierte en un actor clave en el mercado.
Rodrigo Guzmán Araujo, exfuncionario del IFT, sugiere que la CRT debe apresurarse a emitir su reglamento interior para activar sus unidades administrativas y ejercer sus funciones.
Salomón Padilla, de la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México, insta a la CRT a definir su dirección operativa y aprender de los aciertos y errores del IFT.
La Asociación Latinoamericana de Internet apoya la creación de un marco regulatorio que garantice certidumbre e innovación.
El nacimiento de la CRT marca un nuevo capítulo en las telecomunicaciones de México, requiriendo vigilancia sobre el papel del Estado en el sector.

