La posible eliminación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podría abrir un nuevo escenario en el sector de la conectividad, permitiendo al gobierno una mayor injerencia en Altán Redes. Esto se traduciría en la capacidad del Ejecutivo para asignar directamente espectro radioeléctrico, lo que podría beneficiar a Altán en su plan de cerrar la brecha digital y competir con AT&T y Telcel, según expertos.
Con la desaparición del IFT, el gobierno asumiría el rol de regulador de telecomunicaciones, con la facultad de asignar bandas de frecuencias para servicios de internet, telefonía, televisión y radio. Esto podría llevar a que Altán Redes reciba espectro directamente, facilitando su desarrollo de la red 5G, que requiere bandas como 2.5 GHz, 3.5 GHz y 600 GHz, las cuales son costosas, especialmente tras su reciente salida de concurso mercantil.
Fernando Borjón, excomisionado del IFT, advirtió que la desaparición del Instituto podría beneficiar a Altán, ya que el gobierno podría adjudicarle espectro sin licitación, afectando a otros operadores como AT&T y Telcel, quienes tendrían que pagar altos costos por el espectro.
Actualmente, las bandas de espectro están divididas en comerciales, públicas, privadas y sociales. Sin embargo, si el IFT se extingue, el gobierno podría modificar el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias para que las bandas necesarias para 5G sean asignables a entidades públicas, permitiendo al Estado entregarlas a empresas estatales.
Ana de Saracho, analista en telecomunicaciones, señaló que este escenario podría materializarse si el gobierno continúa impulsando su plan de conectividad, aunque primero tendría que convertir las bandas en asignables para concesiones públicas.
José Merino, próximo titular de la Agencia de Transformación Digital, destacó que Altán Redes es fundamental para un modelo de conectividad más sostenible en la próxima administración. Aunque no se han definido cambios en el modelo de negocio de la compañía, se tomarán decisiones necesarias para alcanzar este objetivo.
El presidente ha comparado su plan de conectividad con la nacionalización de la industria eléctrica de 1960, argumentando que el Estado debe encargarse del servicio de telecomunicaciones, ya que las empresas privadas no ven beneficios económicos en las zonas rurales.
De Saracho advirtió que esta visión podría generar problemas de competencia y afectar a los usuarios de operadores como AT&T, Telefónica o Telcel, quienes no podrían competir en un mercado desequilibrado donde las entidades estatales tienen ventajas para aumentar su cobertura.
La consultora The Ciu indicó que el costo del espectro representa entre el 22% y el 30% de los ingresos anuales de los operadores de telecomunicaciones. De Saracho expresó preocupación por la ejecución del plan de conectividad, ya que podría poner en riesgo la calidad y asequibilidad de los servicios para los más de 98 millones de usuarios conectados a redes privadas.