Fuente: Expansión. Ver artículo original. Autor: Ana Luisa Gutiérrez.
El programa ‘Conectividad para el Bienestar’, que tuvo un costo de 703 millones de pesos, ha sido criticado por su enfoque más político que social, según expertos. A un año de su implementación, el programa mostró un uso más orientado a fines políticos que a cerrar la brecha digital, con un aumento durante el periodo electoral y una caída posterior al inicio de la nueva administración.
El proyecto, liderado por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), distribuyó tarjetas SIM con acceso gratuito a internet, redes sociales, minutos para llamadas y mensajes SMS. La Secretaría del Bienestar se encargó de la distribución de las SIM, mientras que la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN) gestionó la información del proyecto.
En el último año, 2.9 millones de personas se beneficiaron del programa, aunque su implementación mostró fluctuaciones significativas. Durante las elecciones y los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se registraron los picos más altos de usuarios, pero estos números cayeron drásticamente después. En noviembre, se añadieron 872,992 usuarios, pero en diciembre la cifra bajó a 386,454.
Los estados con mayor distribución de SIMs durante los picos fueron Chiapas, Veracruz y Guerrero. Según el análisis presupuestario de Promtel, para 2024 se planea entregar y activar 900 mil tarjetas SIM, financiadas con recursos fiscales federales.
El programa surgió en febrero del año pasado, poco después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) modificara la concesión de la CFE para ofrecer servicios gratuitos de telefonía e internet. El objetivo es proporcionar SIMs sin costo a poblaciones en zonas prioritarias y a participantes de programas sociales, con un servicio que incluye 5 GB de navegación, datos para redes sociales, 1,500 minutos de llamadas, 500 mensajes SMS y función de hotspot.
Sin embargo, no hay claridad sobre el impacto real del programa en la reducción de la brecha digital. Promtel no ha comentado sobre el estado actual del plan, y la CFE ha indicado que la responsabilidad recae en Promtel.
Un Plan con Fines Políticos
Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, cuestiona la viabilidad y el propósito del programa, considerándolo una duplicación innecesaria del proyecto de internet de la CFE. La inestabilidad operativa podría ser un problema debido a cambios estructurales en Promtel y la CFE.
Moreno Loza sugiere que, en lugar de ampliar la cobertura de internet, la administración debería enfocarse en digitalizar sectores como la agricultura y la pesca. En México, 17.1 millones de personas aún no tienen acceso a internet, y aunque la cobertura es una barrera, la economía también influye. El gasto en servicios de conectividad disminuyó un 11.1% el año pasado, de 481 a 427 pesos, debido a la inflación.
El especialista advierte que el objetivo de cerrar la brecha digital parece haberse desviado hacia una agenda política, con decisiones que responden más a intereses de control institucional que a una política pública con enfoque social y tecnológico a largo plazo.