Fuente: El Economista. Ver artículo original. Autor: Nicolás Lucas-Bartolo. @NLucasB
El nuevo registro de telefonía móvil en México tendrá un costo de 220.70 millones de dólares. Inicialmente, este gasto será cubierto por las empresas de telecomunicaciones, pero eventualmente se trasladará a los consumidores finales.
El objetivo del registro es apoyar la prevención de delitos, y su implementación requerirá una infraestructura valorada en 4,053 millones de pesos. Sin embargo, no todos los operadores tienen la capacidad financiera para absorber estos costos sin afectar a los usuarios, lo que podría resultar en aumentos de precios en los planes de servicio o en la reducción de datos móviles disponibles.
La cifra es preliminar, ya que documentos del gobierno sugieren que el costo total podría alcanzar los 4,569 millones de pesos, o 249 millones de dólares. Esto podría llevar a un incremento en los precios de los servicios mientras las empresas buscan recuperar la inversión.
En México, un nuevo marco legal en telecomunicaciones y una iniciativa de seguridad federal han establecido la creación de un registro nacional de líneas móviles, lo que implica que cada línea debe estar asociada a una persona física o moral mediante la CURP. Esto requiere una infraestructura adecuada, ya que en marzo de 2025 había cerca de 156 millones de líneas activas.
Este es el segundo intento del gobierno mexicano de establecer un registro de telefonía. El primer intento, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Unión debido a violaciones a la privacidad y protección de datos personales.
La actual iniciativa está en proceso de consulta pública, con una fecha límite inicial para el 27 de noviembre. No se sabe si la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) extenderá este plazo o si ya está colaborando con la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) para anticipar posibles conflictos entre operadores.
El costo del nuevo registro se desglosa en cuatro rubros: “Aviso de incidencia de seguridad” (264.40 millones de pesos), “Aviso de falla en sistema” (251.31 millones de pesos), “Pruebas de vida y validaciones biométricas” (4,031 millones de pesos) y “Costo de plataforma de registro de usuarios y consulta de líneas” (22.65 millones de pesos).
Los operadores mayoristas serán los principales responsables de las inversiones necesarias para la nueva infraestructura, aunque los operadores minoristas también enfrentarán costos. Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts, señala que los operadores de mayor escala podrían soportar mejor estos impactos.
Carolina Cabello, consultora senior en Regulatory Experts, advierte que podrían surgir barreras de mercado, especialmente en el segmento móvil, ya que los operadores más grandes tienen más capacidad para financiar estas infraestructuras.
Telcel, con un margen EBITDA del 41.4% en marzo de 2025, es la empresa mejor posicionada para enfrentar estos costos. Su ARPU es el más alto del sector, con 186 pesos mensuales, seguido por AT&T con 146 pesos. El margen EBITDA mínimo aceptable para no poner en riesgo a una compañía es del 27%, pero AT&T y Telefónica tienen márgenes del 18.2% y 9%, respectivamente.
Altán Redes, Telcel y AT&T operan redes mayoristas en México, y entre ellas manejan la mayor parte del tráfico de las líneas celulares. La financiación de Altán proviene del Estado mexicano, lo que podría generar distorsiones de mercado.
Carolina Cabello señala que la neutralidad de la competencia es crucial, y que Altán debería financiarse con recursos propios para evitar desequilibrios en el mercado.