Fuente: El Economista. Url Original Autor: Nicolás Lucas-Bartolo
El jefe de la Unidad de Política Regulatoria (UPR) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha sido inhabilitado por un año para trabajar en el Estado mexicano. Esta decisión también le impide participar en adquisiciones, arrendamientos o proyectos de servicios y obras públicas durante el mismo periodo.
La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tomó esta decisión unánimemente tras encontrar pruebas de que el jefe de la UPR abusó de sus funciones. Se le acusó de entorpecer el trabajo de una subalterna, solicitándole acciones fuera del marco legal y excluyéndola de reuniones clave, afectando su desarrollo profesional.
La afectada, directora general de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión, fue víctima de actos arbitrarios y discriminación, lo que constituyó hostigamiento laboral en razón de género. Esto resultó en una evaluación injustificada que impactó económicamente al no recibir estímulos de desempeño.
La resolución llega en un momento crítico para el IFT, en medio de discusiones sobre su posible extinción como regulador. Este caso podría influir en las nuevas autoridades reguladoras del país, como la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), para evitar conductas similares.
El tribunal determinó que el funcionario ejerció atribuciones no conferidas, induciendo a sus subalternos a actos arbitrarios, lo que se considera abuso de funciones según la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El tribunal también señaló que el funcionario utilizó canales de comunicación no permitidos, como WhatsApp, para realizar solicitudes sin justificación válida.
La sentencia, aprobada el 4 de septiembre, obliga a revisar el trabajo de la Unidad de Política Regulatoria, ya que es fundamental para la regulación en telecomunicaciones en México.
El IFT aún no ha sido notificado oficialmente de la resolución. El titular de la UPR podría apelar la sentencia, lo que podría extender el proceso varios meses.
El tribunal resolvió inhabilitar temporalmente al titular de la UPR para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un año.